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Ley de Reconstrucción abre una oportunidad para dinamizar el mercado inmobiliario usado

La nueva normativa impulsada por el Gobierno podría generar efectos relevantes en el sector inmobiliario durante los próximos meses. Desde ACOP creemos que la ley podría impulsar movimientos en el mercado de propiedades usadas y acelerar decisiones patrimoniales de muchas familias.

La reciente entrada en vigencia de la denominada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social incorpora una serie de medidas orientadas a la recuperación económica y la reactivación de sectores estratégicos del país. Entre ellas destaca la exención transitoria del IVA para la primera venta de viviendas nuevas terminadas, beneficio que comenzará a regir desde diciembre de 2026 y tendrá una duración de un año.

Aunque gran parte de la atención se ha concentrado en los efectos que esta medida podría generar sobre la comercialización de viviendas nuevas, desde ACOP observamos que sus repercusiones también podrían extenderse al mercado de propiedades usadas, segmento donde participa activamente la mayor parte de los corredores de propiedades del país.

La experiencia demuestra que los distintos segmentos del mercado inmobiliario mantienen una estrecha relación. Cuando se generan incentivos para la adquisición de viviendas nuevas, muchas familias deciden concretar cambios habitacionales que requieren la venta previa de una propiedad usada.

En la práctica, una mayor actividad en el mercado primario suele traducirse en una mayor oferta de propiedades usadas, aumentando la rotación de activos y ampliando las oportunidades para compradores que buscan alternativas más accesibles o ubicaciones consolidadas.
Este fenómeno genera un efecto virtuoso para la actividad de corretaje, puesto que moviliza cadenas completas de transacciones donde intervienen compradores, vendedores, inversionistas y familias que buscan mejorar su condición habitacional.

La eventual reactivación del mercado exigirá una asesoría aún más profesional. Los corredores deberán ayudar a sus clientes a comprender el alcance de las nuevas disposiciones, evaluar oportunidades de compra y venta, y analizar correctamente los efectos que estas medidas pueden tener sobre los precios y los tiempos de comercialización.

Asimismo, será fundamental gestionar adecuadamente las expectativas de los propietarios. Si bien una mayor actividad podría favorecer las transacciones, ello no implica necesariamente aumentos inmediatos en los valores de las propiedades, ya que los comportamientos dependerán de cada mercado local y de las condiciones de financiamiento vigentes.

Consideramos que la ley puede contribuir a generar un mayor movimiento inmobiliario en un contexto donde la industria busca recuperar niveles de actividad observados en años anteriores.

Sin embargo, para lograr un impacto sostenible será necesario acompañar estas medidas con mayor acceso al financiamiento, estabilidad regulatoria y políticas que permitan ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda para las familias.

La industria inmobiliaria funciona como un ecosistema interconectado. Cuando se activa el mercado de vivienda nueva, también se generan oportunidades para propietarios de inmuebles usados, inversionistas y corredores de propiedades. Por ello, más allá de los beneficios específicos de la nueva normativa, el principal desafío será aprovechar este impulso para fortalecer la movilidad habitacional y dinamizar todo el mercado inmobiliario chileno.

La Ley de Reconstrucción puede transformarse en un factor de reactivación para el mercado inmobiliario, pero sus efectos más relevantes podrían observarse precisamente en el segmento de propiedades usadas, donde cada nueva compra habitacional suele generar una cadena de operaciones que beneficia a miles de familias y corredores de propiedades a lo largo del país.