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ACOP advierte que el sobreendeudamiento del Minvu amenaza la oferta de vivienda y la estabilidad del

ACOP Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G. observa con preocupación los antecedentes difundidos recientemente sobre la situación financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), particularmente en lo referido al incremento de sus compromisos asociados a subsidios habitacionales y a los atrasos en los pagos a empresas constructoras y desarrolladores de proyectos de vivienda social.

De acuerdo con el análisis publicado por la consultora Colliers, el Minvu presenta deudas vencidas reconocidas del orden de los US$ 130 millones, mientras algunas empresas reportan montos acumulados superiores a los $300 mil millones y retrasos de pago que sobrepasan los 60 días. Esta situación, sumada a un presupuesto 2026 donde una parte relevante del aumento estaría destinada a cubrir obligaciones pasadas en desmedro de nuevos subsidios, configura un escenario de sobreendeudamiento que trasciende un problema meramente contable.

Para ACOP, las consecuencias de este cuadro pueden ser profundas:
• Riesgo de paralización o ralentización de proyectos de vivienda social y de integración,
• Menor participación del sector privado en programas habitacionales del Estado,
• Posibilidad de quiebras, especialmente en pymes constructoras y proveedoras,
• Menor generación de nueva oferta habitacional, lo que presionará al alza los precios de venta y de arriendo, afectando directamente a las familias.

En un país que enfrenta un déficit habitacional estimado en más de 700 mil viviendas, cualquier restricción adicional a la capacidad de generar nueva oferta, ya sea por falta de recursos frescos para subsidios o por pérdida de confianza del sector privado, termina traduciéndose en más tiempo de espera para las familias, mayor hacinamiento y una mayor fragilidad social.

En este contexto, ACOP hace un llamado a:
1. Mayor transparencia y claridad financiera del Minvu. Es fundamental contar con un catastro completo y público de los compromisos asumidos, sus plazos de vencimiento y la proyección de obligaciones futuras. Esta información es clave para que el Congreso evalúe con precisión el presupuesto sectorial y para que las empresas constructoras, inmobiliarias y corredoras de propiedades puedan planificar responsablemente su participación en nuevos proyectos.
2. Responsabilidad fiscal y planificación de largo plazo en política habitacional. La vivienda no puede ser tratada solo como una meta política de corto plazo. Se requiere un marco de financiamiento estable, multi-anual y alineado con la capacidad real del Estado, que evite el descalce entre subsidios otorgados y recursos disponibles. El sobrecompromiso de subsidios, sin respaldo presupuestario proporcional, termina generando incertidumbre y frustración entre las familias beneficiarias.
3. Protección de la cadena productiva y de servicios del sector vivienda. La demora en pagos y la falta de información clara afectan no solo a las grandes constructoras, sino también a pymes, proveedores, inmobiliarias y corredores de propiedades que forman parte de la cadena de valor de la vivienda. Cuidar esta cadena es esencial para mantener la continuidad de las obras, la creación de empleo y la estabilidad del mercado inmobiliario.
4. Diálogo técnico amplio con el sector privado. ACOP pone a disposición su experiencia técnica y el conocimiento directo de la realidad de las familias y de los mercados locales. Resulta indispensable que el actual Gobierno y la próxima administración convoquen a mesas de trabajo donde se integren actores del sector público y privado —constructoras, desarrolladores, corredores, académicos y organizaciones de la sociedad civil— para revisar el modelo de subsidios, los mecanismos de pago y los incentivos a la inversión en vivienda.
“La crisis financiera del Minvu, descrita por distintos actores, no solo compromete proyectos y empresas; afecta la confianza de las familias en el sistema y la estabilidad del mercado inmobiliario en su conjunto. Es urgente sincerar los compromisos, ordenar las finanzas y fortalecer la institucionalidad habitacional para que la vivienda sea un derecho garantizado sobre bases sólidas, transparentes y sostenibles”, señalaron desde ACOP Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios.

ACOP reitera su disposición a colaborar con las autoridades actuales y con el próximo Gobierno en la construcción de una política habitacional de largo plazo, que combine responsabilidad fiscal, transparencia y una participación activa del sector privado, de modo de asegurar más y mejores soluciones habitacionales para todas las familias del país.